En Extremadura, una región donde la actividad agrícola y ganadera depende intensamente de los recursos hídricos subterráneos, la correcta legalización de pozos se ha convertido en un paso fundamental para garantizar tanto la sostenibilidad del medio como la seguridad jurídica de los propietarios. No se trata únicamente de un trámite administrativo, sino de una herramienta esencial para asegurar el uso responsable del agua en un contexto cada vez más condicionado por el cambio climático y la escasez hídrica.
La legalización permite que las extracciones se ajusten a los caudales autorizados, previniendo la sobreexplotación de los acuíferos y asegurando su regeneración natural. Además, facilita el acceso a ayudas públicas, subvenciones y beneficios fiscales para los titulares de explotaciones que cumplen con la normativa vigente.
Por otro lado, para tomar decisiones eficaces sobre el uso del agua subterránea, es cada vez más habitual realizar estudios hidrogeológicos en Plasencia y otras zonas de la comunidad. Estos estudios no solo permiten conocer la disponibilidad real del recurso, sino que también ayudan a determinar la viabilidad de nuevas perforaciones o la mejora de las existentes. Asimismo, aportan datos técnicos fundamentales para acompañar cualquier proceso de legalización o de planificación de cultivos.
Con una combinación adecuada de planificación técnica y cumplimiento normativo, Extremadura puede avanzar hacia un modelo de gestión hídrica más eficiente, equitativo y respetuoso con el entorno.
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